La problemática ambiental particular asociada a los residuos generados en las obras de construcción y demolición, residuos voluminosos que aún en la actualidad son a menudo objeto de recogida por gestores no autorizados y de vertidos incontrolados, ha dado lugar a la aprobación de normas específicas para este flujo de residuos, tanto a nivel estatal como autonómico. 

Atribuye a las Entidades Locales la gestión de residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, así como el control de la producción, posesión, gestión y destino de los residuos generados en el desarrollo de obras y actuaciones de construcción y demolición sometidos a intervención administrativa previa.

Se atribuye específicamente a los Ayuntamientos la competencia de establecer los instrumentos y las actuaciones necesarias para llevar a cabo dicho control, para lo que deberán adecuar sus respectivas Ordenanzas.